La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), de la que Córdoba es parte, definió como regresivo el Decreto780/2024 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, que restringe el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, obstaculiza su uso y acota los datos que las personas en ejercicio de la función pública están obligadas a suministrar.
“La disponibilidad de la información pública es un pilar fundamental en las sociedades democráticas, ya que permite a la población estar informada y participar de manera activa en la toma de decisiones de sus gobiernos. La falta de acceso a la misma puede llevar a la opacidad, la corrupción y el abuso de poder, socavando los principios fundamentales de la democracia, es a través de la información veraz y objetiva que podemos construir una sociedad más justa, igualitaria y democrática”, aseguró Carlos Galoppo.
Los/as defensores/as del Pueblo también advierten que el Decreto implica una injerencia indebida sobre las competencias de la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública, que debilita su carácter autárquico y su autonomía funcional.
De acuerdo con lo expresado, el Defensor del Pueblo Adjunto solicita al Gobierno Nacional que revea su decisión, se revierta esta medida restrictiva y se garantice el pleno acceso a la información pública en beneficio de la sociedad.
